Huáscar Salazar
20 abril, 2020
20 abril, 2020
En medio de la crisis sanitaria producida por la propagación del COVID-19, el gobierno boliviano, a través del Comité Nacional de Bioseguridad (CNB) y dando continuidad a la política del anterior gobierno, admitió de manera “abreviada” la solicitud de evaluación de una nueva soya genéticamente modificada, la HB4.
Su producción permitiría incrementar la rentabilidad de este sector, aunque las consecuencias de su implementación no son claras y se teme que existan efectos sobre la salud humana, la naturaleza y la dependencia económica del país. Preocupa la falta de información sobre la temática.
Las alarmas se encendieron el 6 de marzo, cuando el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión de Desarrollo Forestal anunciaba en comunicado de prensa que el Comité Nacional de Bioseguridad daría continuidad al proceso de admisión de la solicitud para legalizar la producción de soya transgénica HB4.
En realidad, dicho comunicado responde a una obligación legal (D.S. N° 24676) que tiene este comité: el de invitar públicamente a que “personas e instituciones que tengan información pertinente, técnica científica, solvente y actual sobre el evento solicitado –soya HB4–” la presenten públicamente en un plazo de diez días. La pequeña nota no incluye ningún otro dato, ni sobre la soya, ni sobre la solicitud, ni sobre el comité que la evalúa.
El mandato para la evaluación de esta soya –como lo expresa dicha comunicación– fue establecido por el D.S. N° 3874, del 18 de abril de 2019, en el que el expresidente Evo Morales decretó que: “De manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta, destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel”.
En el programa Verdades Ocultas de la Fundación Solón, Manuel Morales, miembro del Comité de Defensa de la Democracia (CONADE) –organización que inicialmente apoyó la asunción de Añez a la presidencia– expresó que “este gobierno está haciendo exactamente lo mismo –que el del MAS–, porque quien está introduciendo la soya –HB4– es la ANAPO (Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas), quien ha elaborado la propuesta y ha hecho el perfil del proyecto es la ANAPO”.
Se evidencia, entonces, que en materia de política agroindustrial ambos gobiernos mantienen similares lineamientos en torno a la misma agenda de los empresarios que lideran este sector. Algo parecido sucedió con el Plan de Uso de Suelos (PLUS) del Beni, medida que fue aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental de mayoría masista, pero que recién fue promulgada luego de la renuncia de Evo Morales, con el visto bueno de las nuevas autoridades nacionales.
Como explica Manuel Morales, el agronegocio del oriente boliviano –y en especial la ANAPO– están “desesperadísimos” por mejorar su productividad, la cual ha decaído en los últimos años –que ya de por sí es baja en comparación a Argentina o Brasil–. Este sería el principal motivo por el que se estaría solicitando el permiso para la nueva soya HB4.
Según la última memoria de la ANAPO, en los últimos 10 años el mejor rendimiento de la producción de soya de verano en Santa Cruz fue el 2011, con 2,42 toneladas por hectárea (t/Ha), mientras que para la soya de invierno fue en 2012, con 2,54 t/Ha. En los últimos años, estos resultados fueron cayendo hasta alcanzar en 2019 las 1,87 t/Ha. y 2,03 t/Ha., respectivamente.
Debe considerarse, además, que estos datos corresponden a la producción de soya transgénica RR (Roundup Ready), la misma que desde el 2005 se introdujo a Bolivia y se masificó en los siguientes años, hasta llegar a representar más del 95% de la soya que existe en el país actualmente. Esta soya transgénica tiene como principal característica su resistencia al glifosato, herbicida que ha sido cuestionado por distintos colectivos, organizaciones internacionales y algunos gobiernos por sus efectos nocivos para la salud y el medio ambiente.
La soya HB4, a diferencia de la clásica RR, tiene dos características que la harían más atractiva para la agroindustria boliviana. Por un lado, es una soya a la que se le ha añadido el gen HaHB4 –de ahí su nombre–, un gen proveniente del girasol común y que sirve para aumentar la resistencia de la planta al estrés hídrico. Es decir, la vuelve menos vulnerable a las sequías.
Por otro lado, esta soya tiene la propiedad de ser resistente al glufosinato de amonio, un herbicida que vendría a sustituir o a complementar al glifosato. Para ello se ha añadido un gen proveniente de la bacteria Streptomyces hygroscopicusk, que tiene la capacidad de resistir dicho veneno.
Estas dos características permitirían que el sector agroindustrial de Bolivia pueda incrementar la productividad de la actividad soyera. Incluso –ésta es otra incógnita que genera esta variedad de oleaginosa– se estima que, al ser resistente al estrés provocado por las sequías, esta soya podría estar destinada a ser cultivada en los bosques secos de la Chiquitanía boliviana. En aquellas tierras que recientemente se incendiaron y que se prevé que puedan ser habilitadas como áreas para la agroindustria.
De suscitarse aquello se establecería un peligroso precedente, ya que los incendios que el año pasado devastaron más de 5 millones de hectáreas en las tierras bajas del país, se convertirían en mecanismo legitimado por el Estado para la ampliación de la frontera agrícola y que, además, contaría con su propio paquete tecnológico en el marco de esta nueva soya.
Los cuestionamientos legales a la soya HB4
En julio de 2005, el entonces presidente Eduardo Rodríguez Veltzé admitió con el D.S. N° 28225 la producción de soya genéticamente modificada resistente al glifosato. Desde ese momento y durante los siguientes años la producción de soya transgénica se incrementó, a pesar de un conjunto de normativas que prohíben su producción.
En el nivel más elevado está la propia Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009), que en su Artículo 255 estipula lo siguiente: “Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”.
Así también, está la “Ley de celebración de tratados” (N° 401), de septiembre de 2013, que en su Artículo 4 reproduce la misma prohibición establecida en la CPE. La “Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien” (N° 300), del 15 de octubre de 2012, en su Artículo 24 plantea que se deben “desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país”.
Son estas tres normas vigentes, entre otras más, las que han sido recuperadas por distintos colectivos e instituciones para cuestionar la legalidad del proceso de evaluación que se está realizado respecto a la solicitud de la ANAPO para la aceptación de la soya transgénica HB4.
En especial, porque ningún decreto supremo, como el N° 3874 –mencionado anteriormente– puede estar por encima de las leyes y menos de la propia Constitución Política del Estado, las cuales jurídicamente cuentan con un rango superior.
En este sentido, la Plataforma Agroecológica expresó su rotunda oposición a que se continúe con el proceso de evaluación de la soya HB4 y exige que “el actual gobierno derogue el Decreto Supremo N° 3874 que permite que instancias apócrifas como el Comité Nacional de Bioseguridad sigan operando […], violando la CPE y las leyes”.
De la misma manera, el colectivo Bolivia Libre de Transgénicos puntualiza que “el modus operandi de esta aprobación es la misma que utilizó MONSANTO para introducir los primeros eventos transgénicos a la alimentación mundial”. Mientras que el CONADE, que presentó una solicitud de suspensión inmediata de toda evaluación, señala que “la soya HB4 es un atentado al medio ambiente, a la biodiversidad y por supuesto a la salud de los y las bolivianas”, y demanda que se frene la “política ecocida” en el país.
Las dudas sobre el Comité Nacional de Bioseguridad
El Comité Nacional de Bioseguridad, creado por el decreto Nº 24676, es la instancia que tiene en sus manos aceptar o denegar los permisos para la implementación de nuevos cultivos en el país.
Sin embargo, su rol ha sido cuestionado en reiteradas oportunidades porque, según el director de Probioma, Miguel Crespo, “está mayoritariamente manejado por el poder ejecutivo y no por científicos independientes, salvo el delegado de la universidad”.
Si bien no se tiene información oficial al respecto, distintas organizaciones que se oponen a la producción de transgénicos han denunciado que este comité “es un ente político porque está conformado por dos delegados del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, un delegado del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, un delegado del Ministerio de Salud, dos delegados del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, un delegado de la cancillería y un delegado del sistema universitario”.
El tóxico paquete HB4 en manos de transnacionales
La empresa que desarrolló la soya HB4 es Verdeca, un joint venture situado en Argentina, pero que en realidad tiene por detrás a la empresa argentina Bioceres y fundamentalmente a la gran corporación transnacional dedicada a la agricultura biotecnológica, Arcadia Biosciences, con sede en California. A su vez, esta empresa biotecnológica tiene como uno de sus principales socios capitalistas al gigante alemán de productos químicos BASF.
Si bien la principal característica difundida por las empresas propietarias de la patente de esta soya es su “resistencia a la sequía”, la otra propiedad de esta variedad es la que más preocupa: su resistencia al glufosinato de amonio. Herbicida que, por cierto, también es propiedad de la firma BASF.
Aún no se conocen con exactitud las consecuencias que el glufosinato de amonio tiene para los humanos, animales y el medio ambiente. La propia Comisión Reguladora de la Comunidad Europa no ha aprobado su uso por posibles repercusiones para la salud. Se considera que su utilización en cultivos tiene efectos sobre la reproducción humana y puede ser neurotóxico, además de ser “nocivo si se ingiere, inhala o absorbe a través de la piel. Posiblemente tóxico para los riñones, la vejiga, la sangre y los pulmones”.
El cultivo de la soya HB4 ha sido aprobado en Argentina, EE.UU., Brasil y, recientemente, en Paraguay. Aunque en Argentina y Brasil aún no se cultiva debido a que la posibilidad de hacerlo está condicionada a que China apruebe su importación, lo que hasta el momento no ha sucedido. En EE.UU. se vienen realizado plantaciones experimentales. Según denuncian algunos colectivos, el gobierno boliviano pretende aprobar el cultivo de esta soya sin condicionamientos.
(publicado en el periódico EL PAIS de Tarija, 20 de abril de 2020)
- Vea tambien un texto didáctico explicativo de Yo Soy Semilla: AQUI
- Conozca una denuncia de la Plataforma Agroecológica del Trópico, Subtrópico y Chaco AQUI
No hay comentarios:
Publicar un comentario