Lic. Manuel Menacho Céspedes
abogado
CODAPMA – Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos
El presidente Morales el año 2010, cuando se realizaba la inauguración de un encuentro campesino en la ciudad de Sucre, sostuvo “Igual que dijimos que Bolivia tendría que ser territorio libre de analfabetismo, yo quisiera que en poco tiempo gritemos que Bolivia es un territorio libre de semillas transgénicas”
......en ese mismo evento señaló, “Estoy convencido de que los productos transgénicos hacen mucho daño. Está demostrado científicamente. Algunos, seguramente, ignorarán lo que estoy diciendo, pero de acá a algún tiempo todo el mundo nos dará la razón”, poco menos de 10 años han pasado desde entonces; y lamentablemente el panorama nacional nada ha cambiado y de hecho la realidad nos muestra a un gobierno nacional que está a punto de abrir una caja de pandora, que será imposible de cerrar.
En estos 13 años (el más largo en nuestra historia) el partido Movimiento al Socialismo MAS viene gobernando Bolivia. No sólo se ha caracterizado, el discurso del presidente Evo Morales y otras autoridades por ser “pachamamista” “indigenista” y “defensor del medio ambiente”, sino que ha venido también acompañado con la promulgación de normativa ambiental bastante amplia e interesante, que incluye la prohibición específica del ingreso o producción de material genéticamente modificado, es decir transgénicos.
Es necesario recordar que actualmente en Bolivia, el principal cultivo transgénico y el único que ha sido autorizado, es la soya, legalizado el año 2005 por el entonces presidente Carlos Mesa, quien aprobó la producción y comercialización de este grano transgénico, resistente al herbicida glifosato, a pesar de los esfuerzos para evitarlo por parte varios colectivos activistas y agrupaciones sociales que incluso presentaron un recurso de inconstitucionalidad que fue rechazado pero que fue respaldado por el entonces diputado Evo Morales.
Actualmente, en lo referente a la norma nacional, nos encontramos con toda una gran muralla jurídica que prohíbe la importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente, tal cual lo establece el artículo 255 de nuestra propia Constitución Política del Estado, a su vez en el mismo documento, en el Artículo 16. II., señala que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población.
Por otra parte, la ley 300 de la Madre Tierra y la cual se constituye en una de las normas más aclamadas por activistas y ambientalistas en otras partes del mundo, establece en su artículo 24. 7, que el gobierno debe desarrollar acciones de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia e incluso en el siguiente numeral (8) ordena que el gobierno genere acciones que se enfoquen en la eliminación gradual de cultivos transgénicos autorizados en el país, como es el caso de la soya.
Es de esta manera, que si hacemos una revisión exhaustiva de nuestra normativa interna llegamos a encontrar estas y más prohibiciones en más de una decena de leyes y decretos supremos distribuidos por todo el ordenamiento jurídico nacional. No es necesario crear nuevas leyes que traten de frenar el ingreso de transgénicos al país, el principal problema recae en la no aplicación o en muchos casos la deficiente aplicación de estas medidas, que fueron en su totalidad promulgadas y defendidas en su tiempo a capa y espada por el actual gobierno y el mismo presidente y que ahora irónicamente se niegan a reconocer y respetar.
Ahora el agronegocio junto con el supuesto gobierno defensor del medio ambiente y los pueblos, crean una alianza en cuatro paredes, sin la intervención de ningún otro actor y utilizando descaradamente algunas organizaciones campesinas como carne de cañón. Pretenden legalizar algo que claramente es ilegal en nuestro país e incluso podría llegar a constituirse en un verdadero crimen al poner en riesgo la variedad y riqueza genética que tenemos como país, además que los costos ambientales, sociales y repercusiones en la salud humana, llegarían a ser devastadoras.
El Gobierno no puede tratar un tema de esta magnitud como si se tratara de una decisión minúscula y sin importancia, la propia seguridad alimentaria de toda una nación está en juego. Si hablamos de soberanía alimentaria toda la población debe necesariamente participar, para decidir la forma en que queremos producir y queremos ser alimentados.
Los bolivianos y bolivianas, ya no podemos vivir solamente de los discursos vacíos y que nunca llegan realmente a materializarse, es necesario dejar las poses y máscaras de un lado, que el “Vivir Bien” realmente sea una filosofía de vida tangible y real y que no solo quede como un simple concepto de biblioteca, que tanto les gusta presumir y fanfarronear a nuestros ministros e intelectuales nacionales afines al gobierno, cuando salen afuera a cualquier evento internacional.
Es hora que demuestren que, si son verdaderos hermanos de los pueblos indígenas y que, si genuinamente sienten esa necesidad indescriptible de defender el medio ambiente, en necesario exigirles el total respeto a nuestro ya tan quebrantado Estado de Derecho y es necesario ejercer presión (aunque no debería ser necesario) para que cumplan las propias leyes que ellos mismos han impulsado y creado, que el discurso ya no quede solo en la mentira y falsedad, nos urge que ya sea una realidad.
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