El día 13 de julio de 2020 pueblos indígenas, activistas y expertos de Bolivia presentaron una ACCION POPULAR a la sala constitucional primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para suspender los decretos que avalan la evaluación del uso de semillas genéticamente modificadas.
Para las y los demandantes, representa una grave amenaza la autorización excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad para establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.
Aqui va la Nota de Prensa, además el video de la Conferencia de Prensa.
Sobre la Acción Popular, el artículo 68 del Código Procesal Constitucional, señala que:
“La Acción Popular tiene por objeto garantizar los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, espacio, seguridad y salubridad pública, medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Constitución Política del Estado, cuando ellos por acto u omisión de las autoridades o personas naturales o jurídicas son violados o amenazados”.
“Dicha Acción Popular demuestra la necesidad de suspender la ejecución y aprobación del DS 4232/20 y su modificación establecida en el DS 4238/20, por amenazar el derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, a la consulta previa, a la territorialidad, el territorio y al hábitat de los pueblos indígenas, y en particular al patrimonio genético y cultural sobre las semillas nativas, la biodiversidad y el medio ambiente sano, en su doble dimensión: como sujeto de derechos y por las funciones que cumplen respecto del resto de los seres vivos y la salubridad pública, poniendo en riesgo potencial su libre goce y ejercicio”, manifiesta el grupo de firmantes de esta ACCION POPULAR que conforman la denominada “Asamblea por los bosques y la vida”.
(Fides 15 de julio de 2020)
(Fides 15 de julio de 2020)
El pasado 7 de mayo el gobierno de Áñez aprobó el decreto 4232 que abrevia la evaluación del Comité Nacional de Bioseguridad para el uso de semillas transgénicas de algodón, soya, caña, maíz y trigo en Bolivia. Esto generó rechazo en diferentes sectores y apoyo del empresariado, fundamentalmente ligado a monocultivo de soya en el oriente.
Tras esta ola de cuestionamientos, días después la Presidenta otorgó 40 días más de plazo para aprobar dichos procedimientos abreviados a través de un nuevo Decreto, el 4238. Pero las demandas para evitar el uso de estas semillas continuaron y hoy se traducen en esta ACCION POPULAR.
Para las y los demandantes, representa una grave amenaza la autorización excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad para establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.
“Esto nos afecta, porque viola la Constitución y afecta a nuestras semillas nativas, además no hemos sido consultado y hemos sentido esto como un ataque a nuestros derechos y por eso presentamos esta acción popular”, dijo por su parte la lideresa indígena, Martha Vargas.
En dicha Acción Popular se detallan las amenazas que conlleva el DS 4232., que serían:
1. Amenaza directa al Patrimonio Genético, Cultural y Natural de Bolivia que son sus semillas nativas y en especial al Maíz Nativo.
2. Amenaza a la Madre Tierra y Biodiversidad.
3. Afectación a los componentes de la biodiversidad y fauna nativa
4. Afectación a los bosques y los suelos
5. Amenazas a la Salud HumanaFinalmente los pueblos indígenas y sociedad civil demandante, exigen se admita la presente Acción Popular, se digne en fijar fecha de audiencia pública, y se suspenda todo acto de aplicación de los D.S. 4232/20 y 4238/20, en función al principio precautorio y al deber de la debida diligencia contenidos en la OC 23/17 emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo invitan a la población boliviana a sumarse a la Acción Popular, ejercer el derecho de control ciudadano y luchar para lograr juntos la abrogación del D.S. 4232, porque con nuestra vida, nuestra salud, nuestras soberanía alimentaria y nuestro Patrimonio Natural no se juega.
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