Hace pocos días atrás la ministra Eliane Capobianco del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras presentó a la opinión pública el PLAN NACIONAL DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN PARA EL SECTOR AGROPECUARIO ANTE LOS EFECTOS DEL COVID-19; “un plan de 3 años que requiere de al menos 874 millones de dólares”.
El Plan de 110 páginas indica que se busca: “reactivar el sector agropecuario, que es uno de los afectados por la pandemia del coronavirus”. Al respecto la "Asamblea por los Bosques y la Vida" sacó un documento que reproducimos a continuación, incluyendo algunos aportes de la Fundación Tierra y del colectivo Yo Soy Semilla (integrante de la Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos)
Click en la imagen para ver el Comunicado en PDF
La
propuesta encandila a tal punto que la misma organización CIOEC
(Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas) el
mismo día 18 de junio se pronunció a favor del plan, indicando que “hoy,
el gobierno de Bolivia como nunca antes está atendiendo a un sector
históricamente excluido”.
Vea un resumen gráfico del documento aquí (elaboración Yo Soy Semilla)
Sin
embargo, observamos que este PLAN AGROPECUARIO, elaborado por el
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con la participación activa de
la Cooperación Internacional (IICA, FIDA, FAO, BANCO MUNDIAL), es
parcializado con el sector del Agronegocio. Excluye la
participación legítima de consumidores, productores indígena –
campesinos, organizaciones de base y sociedad civil en general, motivo
que nos lleva a pronunciarnos por su rechazo y exigir a la Ministra
Eliane Capobianco considere las siguientes observaciones estructurales
que hacemos al documento:
1. Lo que NO dice el Plan:
- El Plan sólo habla de la crisis COVID-19 y la creciente crisis económica, por ser temas más sensibles para la población. Sin embargo, en la actualidad Bolivia atraviesa crisis simultáneas y multidimensionales como el cambio climático y el colapso ecosistémico, que va de la mano con la pérdida constante de biodiversidad y de una verdadera soberanía alimentaria.
- El Plan no habla de promover la soberanía alimentaria con cultivos y alimentos agroecológicos que sirven para fortalecer nuestro sistema inmunológico frente al COVID-19. Bolivia es un país que históricamente produjo sus alimentos gracias a su abundante biodiversidad. Hoy importamos alimentos por más de 700 millones de dólares por año.
- El Plan no explica que el 50% de las tierras cultivables están en manos de latifundistas, empresas transnacionales que son beneficiados históricamente por políticas de gobiernos anteriores y del actual gobierno.
- El Plan omite hablar de transgénicos, de agrotóxicos (glifosato) y del Decreto Supremo Nro. 4232, que -al igual que el Decreto Supremo Nro. 4378 de Evo Morales- busca la introducción de semillas transgénicas en los cultivos de maíz, azúcar, algodón, trigo y soya. Sin embargo introduce nuevos términos como la “agricultura 4.0”, la “bio-economía”, “encadenamiento agrícola”, “productividad con tecnología”, “comoditys”, “Food Chain” (de Bayer).
- El Plan ignora las crisis en otros países y asume que habrán precios estables para los productos agropecuarios de exportación (soya y carne sobre todo).
- El Plan está hecho desde una realidad empresarial del eje central y no se adecua a las realidades de los sectores productivos más vulnerables, las alternativas de desarrollo (ej. forestal no-maderable, turismo, agroforestería, pesca y piscicultura, etc.) y las regiones de menor acceso que requieren mayor apoyo.
- No incluye un análisis sobre las potencialidades de diferentes rubros para la mitigación de la crisis.
- No es lo mismo subvencionar un rubro completamente globalizado altamente dependiente de suministros internacionales, que apoyar un rubro que depende principalmente de mano de obra local.
- Al apoyar al agronegocio los recursos pronto saldrán del país para cancelar deudas internacionales, apoyar el segundo dinamiza economías regionales y genera empleo, con efecto multiplicador mucho más grande para la mitigación de la recesión económica.
Observamos que bajo pretexto de encarar la pandemia del Covid-19, la intención principal del Plan de tres años es entregar recursos públicos para beneficiar a los sectores del agronegocio, que se encuentran con una deuda a la banca y a las casas comerciales de insumos agropecuarios de 3.500 millones de dólares.
Esta situación constatamos al revisar algunos cuadros financieros:
Se observa que, en el primer año del Plan, la mayor parte de los fondos (más de 600 millones de dólares) estaría destinada a cubrir Programas de “Mecanismos de financiamiento de emergencia”, es decir capitales para los sectores del Agronegocio.
Vea un video explicativo elaborado por Fundación Tierra sobre el tema:
Vea también una exposición gráfica del director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque: "El agro a gran escala ¿Un dinosaurio en extinción?" aquí
2. Observaciones al uso de los recursos económicos
- El monto que se pretende invertir es enorme. Representa el 5% del presupuesto estatal nacional. ¿Se invertirá igual en otros sectores económicos? Esta inversion no puede llevarse a cabo bajo una formulación tan ambigua. Se requiere un plan claro que garantiza que la inversión dinamiza la economía nacional y mitiga la crisis para las poblaciones más vunerables.
- La propuesta fue impuesta sin consultar a las organizaciones productivas y no contempla mecanismos de control social. Existe un riesgo muy serio que los recursos sean desviados a unos sectores específicos o incluso a redes de corrupción.
- A corto plazo casi todo va a tres programas de mecanismos de financiamiento. El resto del plan no cuenta con presupuesto significativo.
Ahora observamos el cuadro del “origen de los financiamientos”:
- La inversión para renegociación de deudas por suministros en especial favorece al sector del agronegocio que requiere grandes inversiones. No hay ayuda similar para otros sectores con una estructura de costos diferente (por ejemplo, OECAs, horticultores o el sector castañero cuyo mayor costo es mano de obra). Preocupa que los recursos invertidos pronto saldrán del país en vez de dinamizar economías regionales que es lo que se necesita ahora.
- La estructura del Plan en muchos Programas separados complica su aplicabilidad en lugares aislados y productores pequeños. Se debería manejar los fondos de forma más integral, para garantizar un acceso más equitativo.
3. Necesidad de reformulación del Plan
Consideramos que el Plan NO RESPONDE a los intereses nacionales, pone en riesgo la soberanía y seguridad alimentaria y no implementa medidas efectivas para encarar la situación crítica en que se encuentran los pueblos indígenas y los sectores campesinos, pequeños productores frente a la pandemia por COVID-19.
En este entendido exigimos que se haga una reformulación del mismo en base a las siguientes recomendaciones:
- El Plan debe en primer lugar atender e incorporar las necesidades básicas de las poblaciones indígenas, campesinas, pequeños productores familiares y consumidores locales.
- El Plan debe priorizar esencialmente la agricultura ecológica, priorizando productos con mayor impacto en economías regionales (en especial para regiones vulnerables).
- El plan debe priorizar un programa nacional urgente de banco de semillas nativas y rescate de nuestro patrimonio genético y natural.
- El Plan debe incluir la abrogación inmediata de los decretos a favor de incrementar más eventos transgénicos en el país y la abrogación del paquetazo agrario que incentiva la desertificación de suelos y deforestación (principal causa de cambio climático en el país) para la ampliación de la frontera agrícola y ganadería industrial.
- El Plan debe incluir un plan a largo plazo de reducción hasta la eliminación de los cultivos transgénicos con uso de agrotóxicos en Bolivia.
- El Plan debe parar la importación de eucaliptos para plantaciones forestales comerciales por atentar directamente contra nuestras fuentes de agua dulce y erosionar los suelos.
- Se debe priorizar cadenas productivas con mayor generación de empleo y oportunidades de trabajo, que tienen un efecto multiplicador mayor.
- Se debe priorizar productos de mayor importancia para la seguridad, soberanía alimentaria y beneficiosos para la salud. No se debe fomentar productos cuyo mercado internacional se está cerrando por la mala calidad e impactos negativos por contener trangénicos.
- Se debe fomentar la diversificación económica-productiva del país, apoyando iniciativas nuevas, PYMEs, OECAs, y no así las grandes empresas transnacionales. Eso requiere capacitación en emprenderismo rural, con acceso a servicios financieros, apoyo de investigación y otros servicios de soporte. No solo se debe considerar el eslabón de producción en sí, sino también opciones de dar valor agregado a través del fomento a industrias nacionales de transformación y apoyo en la búsqueda y creación de mercados.
- Se debe fortalecer la propuesta de compras estatales con mayor asignación de presupuesto, a tiempo de aplicar un estándar o regulación para poder priorizar productos con múltiples beneficios (económicos, sociales, ambientales) y a tiempo de excluir productos con impactos negativos.
- Más de un catálogo de productos, se debe crear una base de datos interactiva (aplicación virtual) que permite acceder a información estadística, datos de producción, información de proveedores y compradores, etc. para todos los productos agropecuarios (y forestales) de Bolivia, con clasificación por tipos de productos y sistemas de certificación.
- En vez de mejorar seguros para sectores que ya tienen acceso a seguros privados, se debe priorizar seguros para sectores vulnerables desatendidos y garantizar cobertura nacional del Seguro Agrario Nacional, para todos los productos agropecuarios y forestales.
- Se debe garantizar una verdadera soberanía productiva y científica. No se puede destinar recursos públicos a iniciativas de transnacionales que generan mayor dependencia.
Dando cumplimiento a lo dispuesto por nuestras leyes, exigimos al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y a la Cooperación Internacional (IICA, FIDA, FAO, BANCO MUNDIAL) consideren las observaciones que realizamos, antes de implementar el "Plan Nacional para el sector Agropecuario ante los efectos del COVID-19", ya que el mismo sólo beneficia al sector del agronegocio, no responde a los intereses nacionales, pone en riesgo la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y no implementa medidas efectivas para encarar la pandemia del Covid-19.
Para más información:
Manuel Morales Alvarez 71294090 / Vincent Vos 71127425
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