Santa Cruz, 31 de Mayo del 2017
Actualmente, algunos sectores de los agronegocios exigen imperativamente que el gobierno boliviano viole la Constitución Política del Estado, 10 leyes, decretos y protocolos internacionales y, permita el ingreso al país de cultivos transgénicos.
Para conocimiento público, los cultivos transgénicos son plantas que contienen información genética de otro organismo, como bacterias que han sido insertadas y que les da una resistencia a la aplicación de ciertos herbicidas y plaguicidas como el caso del glifosato.
En el caso de Bolivia, se autorizó el cultivo de un sólo evento transgénico, la soya transgénica resistente a la aplicación del Roundup Ready (herbicida que contiene como ingrediente principal al glifosato). Sin embargo, recientemente se ha comprobado la existencia del maíz transgénico que se encuentran en el país de manera ilegal.
Entre los argumentos de los agronegocios para violar la CPE y permitir el ingreso de otros cultivos transgénicos y permitir múltiples eventos (un evento es el caso donde un cultivo tendría más de un gen trasplantado para soportar más de un herbicida o plaguicida), está la protección a los cultivos de plagas y malezas, mayor rendimiento del cultivo y menor uso de herbicidas e insecticidas que sería un aporte para la salud del productor y consumidor, así como también para el medioambiente (Ref.: Nota de prensa, EL DEBER: 28-05-2017, G. Rodríguez).
Al respecto, vale la pena evaluar las lecciones aprendidas de lo que se ha visto en los últimos 10 años con el cultivo de soya transgénica. Miremos entonces si es que la introducción y producción masiva de soya transgénica han llevado a la reducción en uso de agrotóxicos, mayores rendimientos y protección al medioambiente, como indican los voceros de los agronegocios y preguntemos, “¿a quién creer?”.
En el caso de los rendimientos, son varios los factores que conllevan a incrementar los mismos en la producción agrícola. Un análisis profundo e integral (revisión histórica de estudios científicos sobre un tema específico) realizado por el Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA) sobre los transgénicos, demuestra que esta tecnología no ha cumplido con sus promesas de mejorar rendimientos, por lo cual esa aseveración de más producción por hectárea con transgénicos es falsa. La mejora de los rendimientos no se da mediante el uso de transgénicos pero sí mediante la aplicación de prácticas de buen manejo de suelos, semillas adecuadas, clima y manejo integrado de plagas.
En Bolivia tenemos como ejemplo el caso de la soya y sus rendimientos. Según datos de varias fuentes (INE, IBCE; CAO y ANAPO), los rendimientos de la soya no superan los rendimientos de hace 10 años cuando se cultivaba la soya convencional. Según los datos del Observatorio Agroambiental de Bolivia, en promedio el rendimiento de 1990-2004 de la soya convencional llegó a 2,11 toneladas por hectárea, mientras la soya transgénica desde el 2005 al 2015, el promedio llegó a 2,01 toneladas por hectárea; demostrando que las promesas de mejoras no dieron ni darán frutos, a menos que nuestro país invierta en la investigación e implementación de técnicas que mejoren el cuidado y la fertilidad de los suelos. Por lo tanto, mayor producción no se dará mediante el uso de transgénicos.
Por otra parte, en los cinco países donde mayormente se utilizan los transgénicos como es el caso de los EEUU, existen regulaciones que determinan el uso de ciertos transgénicos y se aplican metodologías rigurosas para determinar las áreas a ser cultivadas. Igualmente se realiza monitoreo minucioso de los cultivos para asegurar que no exista contaminación entre ciertos productos transgénicos que no sean aptos para el consumo humano; ejemplo de la contaminación cruzada entre maíces transgénicos para producción humana y producción de etanol (biocombustible). En los casos donde se ha comprobado contaminación se han eliminado los cultivos transgénicos como por ejemplo, el caso del maíz StarLink.
Como se puede concluir, son inversiones millonarias las que se realizan para controlar y manejar de manera adecuada esta tecnología, y aún así existen cultivos agrícolas que se han convertido en “súper malezas” como es el caso del amaranto (https://www.scientificamerican.com/article/farmers-fight-explosion-of-superweeds/).
En Bolivia ya se tienen bastantes problemas con la resistencia de malezas al glifosato. Según Weed Science, existen ocho especies de malezas resistentes reportadas por Bolivia, de las 36 reportadas a nivel mundial desde 1996, en tan sólo 10 años desde la autorización del cultivo de la soya transgénica. Demostrando, nuevamente, que la implementación de los cultivos de soya transgénica están llevando a un incremento anormal de resistencias de ciertas malezas. Esto, por supuesto tiene consecuencias severas para otros productores, quienes tienen que lidiar con estas súper malezas con la aplicación de otros herbicidas de complemento para controlarlas. Al observar el uso de agrotóxicos en los últimos 10 años, se ven incrementos alarmantes en el uso de herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes sintéticos que llegan a 130 millones de kilos que se han importado el año 2016 a un costo que llega 237 millones de dólares americanos, en el año 2016. Esto sin contar que un 30% ingresa por contrabando, según estimaciones del Senasag.
De la misma manera, observamos que el uso desmedido de agrotóxicos que se aplican diariamente, no es bueno para el consumidor y peor para el productor que lo aplica. Miremos algunos de los agrotóxicos de uso común en Bolivia comenzando con el herbicida Paraquat, que se aplica para desecar la soya transgénica.
El Paraquat (Gramoxone entre otros nombres) es un herbicida altamente tóxico que en el 2011 ha sido declarado como un causante de la enfermedad de Parkinson en productores agrícolas por el Instituto Nacional de Salud de EEUU (NIH, por su sigla en inglés). Un meta-análisis en el 2013, encontró que existe un riesgo de incremento del doble en contraer Parkinson por productores que utilizan este agrotóxico. En la Unión Europea, este agrotóxico ha sido prohibido desde el 2007, pero como se puede observar en los anuncios publicitarios en las zonas productivas de Santa Cruz, este agrotóxico es común, corriente y de uso general.
Preguntamos: ¿existe monitoreo de la aplicación de este producto que debería ser prohibido y si los productores del país entienden el riesgo a su salud así como también los mismos consumidores? ¿Existe información sobre la tasa de aplicación y cuánto de este producto termina en los alimentos que se consumen en Bolivia?
Entre otros agrotóxicos asociados al glifosato, y por lo tanto a los transgénicos que están prohibidos internacionalmente pero de uso generalizado en Santa Cruz, está el 2,4 D desarrollado por DOW Chemical. El 2,4 D ha sido clasificado como un posible cancerígeno y estudios de laboratorio sugieren que el 2,4-D impide la acción normal de los estrógenos, los andrógenos y, lo más concluyente, las hormonas tiroideas. Otro problema serio de este agrotóxico es que se acumula en el medioambiente y ya se lo encuentra en acuíferos y agua potable en países como Australia, un país con sistemas de monitoreo y regulación que aún son inexistentes en Bolivia.
Y por último miremos al glifosato. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por su sigla en inglés), clasificó el glifosato como un potencial cancerígeno en el año 2015. Luego, en el mismo año, la Autoridad Europea sobre Seguridad Alimentaria (EFSA, por su sigla en inglés https://www.efsa.europa.eu/) declara que el glifosato no demostraba ser cancerígeno; de esta manera se dio un debate feroz sobre la inocuidad del glifosato en la comunidad científica. ¿Cómo pueden haber llegado a conclusiones distintas estas dos organizaciones? Para comenzar, el IARC examinó estudios que evaluaban los herbicidas que tiene como ingrediente activo el glifosato es decir todos los ingredientes del compuesto, por ejemplo el producto Roundup Ready que tiene 48% de glifosato y el 52% restante son otros compuestos químicos. Mientras la EFSA evaluó únicamente el principio activo, es decir, la molécula química glifosato sin considerar estudios que examinaban el herbicida en su totalidad, como lo hizo el IARC (http://www.nature.com/news/debate-rages-over-herbicide-s-cancer-risk-1.18794). Adicionalmente, el IARC utilizó únicamente estudios que demostraban fuentes de financiamiento objetivas y públicos.
El EFSA, por otra parte, utilizó los estudios de las empresas que evalúan sólo el principio activo: el glifosato, y que además no son públicos porque están protegidos por el secreto industrial, es decir estudios que no han sido analizados en debates científicos abiertos y tampoco la EFSA ha compartido estos estudios para justificar su decisión, ganándose críticas y acusaciones de injerencias por parte de las industrias de herbicidas que perduran hasta el día de hoy (https://amp.theguardian.com/environment/2017/may/24/eu-declared-monsanto-weedkiller-safe-after-intervention-from-controversial-us-official). Lo anterior nos demuestra que existió un velado interés de los fabricantes como Monsanto, de que no se utilicen estudios integrales y completos.
Concluimos entonces que en Bolivia, las aseveraciones de los beneficios del uso de transgénicos expuestos en numerosas opiniones periodísticas por voceros de los agronegocios, no ha logrado consolidarse tal como afirman dichos voceros, porque según las experiencias de 10 años con la soya transgénica, los rendimientos siguen iguales a la soya convencional, se ha incrementado el uso de agrotóxicos, especialmente herbicidas, fungicidas y fertilizantes sintéticos y lo peor, se ha generado malezas resistentes al glifosato. En este sentido, preguntamos: ¿cuál sería la situación si se dejan entrar otros cultivos transgénicos y más eventos transgénicos? La respuesta: Sóplo mayores impactos socioambientales y alimentos más tóxicos.
Finalmente queremos mencionar el comentario del Dr. Philip Stark, decano asociado de la división de ciencias matemáticas y físicas y profesor de estadística de la Universidad de California en Berkeley, quien reveló en Twitter su propio análisis de la experiencia de los firmantes Premio Nobel quienes en una carta abogan por los transgénicos, específicamente el arroz dorado que aún no se encuentra en producción: "Un premio de la paz, 8 economistas, 24 físicos, 33 químicos, 41 médicos”. Añadió que la ciencia se fundamente en lo que es " la evidencia y no en la autoridad. ¿Qué saben dichos premios Nobel de agricultura? ¿Han hecho la investigación pertinente?
La ciencia se supone que es "mostrame", no "confiar en mí" sea premio Nobel o no.”
Lo que está ocurriendo en Bolivia con la soya transgénica, es eso. Una demostración real y concreta de los serios impactos socioambientales y productivos que están generando los cultivos transgénicos. Decir lo contrario, son meras especulaciones.
COMITÉ CIENTIFICO DE BIOTECNOLOGIA
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Denuncian venta de maíz transgénico
El Deber, 23 de junio de 2017
El control y cierre de los puntos de comercio es clave para evitar que este grano transgénico esté vigente.
De acuerdo con Probioma, entre diciembre de 2016 y abril de 2017 se recolectaron en mercados y tiendas de semillas en Charagua, Villa Montes y Yacuiba cuatro muestras de grano de maíz y, de acuerdo a un análisis, se identificó que son semillas transgénicas tolerantes al glifosato.
Según el informe de Probioma, es importante mencionar que las semillas transgénicas recolectadas en el chaco boliviano no tenían la certificación de rigor que realiza el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf).
La venta abierta de semillas y granos de maíz transgénico en la zona del Chaco boliviano, se dinamizó a partir del Decreto Supremo 2857 del 2 de agosto de 2016. Esta norma permitió de manera excepcional durante 90 días y con permisos fitosanitarios simples de parte del Senasag, la importación de maíz sin aranceles y análisis genéticos. Estos granos se importaron desde Argentina.
Sin embargo, Isidoro Barrientos, presidente de la Cámara Agropecuaria del Pequeño Productor del Oriente (Cappo), indicó que pedirán tener más acceso a las semillas con algún tipo de mejoramiento, debido a los buenos rendimientos que esta tiene.
Desde la Asociación Nacional de Productores de Maíz, Sorgo, Frejol y Cultivos Alternativos indicaron desconocer los estudios y remarcaron que sus afiliados cumplen con la normativa vigente.
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