Roger Cortez , 23 de mayo de 2017
Un bicho, con facha de oruga rechoncha, el gusano del cogollo, ha dañado 180 mil toneladas de la cosecha 2016 de maíz boliviano.
Los grupos empresariales que copan más del 60% de la producción han puesto a sonar las alarmas y reclaman, una vez más, que se apele a la presuntamente única solución que consistiría en autorizar el uso de semillas transgénicas, no sólo para la soya, sino para el maíz y, luego, para todos los cultivos de exportación.
En ese espacio pide que además de usar semillas transgénicas se autorice el uso del glifosato, un insecticida altamente tóxico -prohibido en cada vez más países- porque él cree que esta sustancia patentada por Monsanto no es más peligrosa que "el café y la yerba mate calientes, las papas fritas y las carnes” (cita de la misma columna).
Los argumentos en favor de los transgénicos y el glifosato pierden intencionadamente de vista que no son activistas quienes bloquean sus exigencias, sino la Constitución boliviana, que establece la "prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos” (255.8).
Olvidan, de paso, que las plagas y la baja productividad, incluyendo la de los cultivos industriales y exportables se debe a múltiples causas, como "suelos poco fértiles, uso de semilla de baja calidad, insuficiente infraestructura de riego, escaso uso de tecnologías de control de plagas, problemas fitosanitarios y el mal manejo del cultivo” en palabras textuales de la FAO, institución de Naciones Unidas especializada en temas agrícolas.
La campaña de presión pasa también por alto -algo que confiesa el presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (en Página Siete, 21 de mayo), entidad controlada por los agroexportadores- y es que las semillas transgénicas se han autorizado hasta ahora solamente en 26 países (19 de los cuales son "subdesarrollados) de los 193 Estados reconocidos por Naciones Unidas.
Para potenciar su presión y consolidar la alianza de los agroexportadores con el Gobierno (que previamente los caracterizaba como la oligarquía), el vocero oficioso del sector, en su ya citada columna, alerta que los activistas (¿diabólicos?) también "objetan la construcción de carreteras, represas, hidroeléctricas y que la frontera agrícola crezca”, planteando así una verdadera oferta para ampliar y sellar una alianza que ha permitido el crecimiento y fortalecimiento del sector, con la única exigencia gubernamental de que "no se metan en política”.
Es un sincero pedido para ahondar un entendimiento programático de gran alcance, porque lo fundamental de la "agenda patriótica” del MAS consiste exactamente en grandes represas en zonas tropicales, carreteras tipo TIPNIS y mucha, mucha deforestación para ampliar la frontera agrícola.
El guiño, insinuado, es "ya que se transgredió la CPE con la soya transgénica, por qué no ampliar ese boquete y, así, -tal vez- recibir nuevos apoyos para la otra violación constitucional en marcha; es decir, la reelección en 2020. Finalmente, una mano lava a la otra.
Puede verse que de las mandíbulas del gusano cogollero hay un pequeño salto a la coincidencia en el modelo extractodesarrollista y a la consolidación del esquema de poder que lo sustenta. La invitada de piedra sería la oposición partidaria, que no se pronuncia sobre los perversos efectos que tendrá el masivo endeudamiento para construir obras liquidadoras del medioambiente y que mantienen, y empeoran la dependencia económica y política.
Esa oposición silenciosa no está advirtiendo experiencias como Argentina, en la cual el nuevo gobierno se ha encontrado con la sorpresa de que para mantener y mejorar sus relaciones comerciales con China ésta le exige que debe cumplir todos los compromisos e inversiones previas, pactadas por el anterior gobierno.
"A boca cerrada, hoy, sumisión obligada, mañana...”.
Fuente: Página Siete
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