...mientras el gobierno prepara un multimillonario rescate para el sector
Por Huascar Salazar
6 de julio de 2020
La agroindustria es un modelo de negocio relacionado a capitales
transnacionales, los cuales serán los principales beneficiados del
rescate que el gobierno hará a dicho sector con fondos públicos de
emergencia
El gobierno ha puesto en marcha el “Plan Nacional de Respuesta y Rehabilitación para el Sector Agropecuario ante los efectos del Covid-19”. A través de este se destinarán de manera directa $US 600 millones de dólares para refinanciar las deudas que este sector contrajo desde hace ya muchos años.
Sin embargo, diversos investigadores han demostrado que los beneficiarios más importantes de esta actividad serán las grandes empresas que controlan las cadenas de valor (insumos, almacenaje, procesamiento y comercialización). En el caso de la soya, seis de estas compañías controlan el 95% del mercado de esta oleaginosa y cuatro de ellas, con más del 75% de participación, corresponden a capitales extranjeros.
Sin embargo, diversos investigadores han demostrado que los beneficiarios más importantes de esta actividad serán las grandes empresas que controlan las cadenas de valor (insumos, almacenaje, procesamiento y comercialización). En el caso de la soya, seis de estas compañías controlan el 95% del mercado de esta oleaginosa y cuatro de ellas, con más del 75% de participación, corresponden a capitales extranjeros.
Los productores directos, en cambio, suelen entrar a este modelo productivo en condiciones de dependencia, para lo cual contraen deudas y créditos con el sistema financiero y con estas grandes empresas.
Los fondos públicos que deberían utilizarse para cuidar la salud y la economía de la población boliviana en esta crisis sanitaria, terminarán favoreciendo principalmente a estas empresas y sosteniendo este modelo de negocio que ‒además de aportar poco al país, contaminar el medio ambiente y destruir los bosques‒ parece inviable sin el financiamiento estatal.
El modelo del agronegocio: dependencia y transnacional
El libro del investigador Ben McKay, de la universidad de Calgary, Canadá: “Extractivismo agrario. Dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia”, publicado por la Fundación Tierra en 2018, es un importante documento para comprender lo que está sucediendo en Bolivia y quiénes aprovecharán el rescate que el gobierno nacional promueve para este sector.
En este texto se explica cómo la agroindustria debe entenderse como un “modelo” de negocio, el cual permite que sean las grandes empresas de capitales transnacionales las que terminan beneficiándose antes que nadie. Mientras que la mayor parte de los agricultores quedan insertos en “cadenas de dependencia”.
En este texto se explica cómo la agroindustria debe entenderse como un “modelo” de negocio, el cual permite que sean las grandes empresas de capitales transnacionales las que terminan beneficiándose antes que nadie. Mientras que la mayor parte de los agricultores quedan insertos en “cadenas de dependencia”.
Lo que sucede, entonces, es que estas empresas logran tener un control casi total del proceso productivo porque, al operar como un gran oligopolio, controlan el mercado y son las que determinan qué van a comprar y bajo qué condiciones lo harán, fijando incluso los estándares de calidad.
“Muchos de estos agronegocios proporcionan a los productores los ‘paquetes tecnológicos’ apropiados que incluyen semillas e insumos agroquímicos con instrucciones para su uso, el número exacto de días que se necesita desde la siembra hasta la cosecha y los estándares requeridos para la calidad del grano”. Es así que los productores deben adecuarse a estos lineamientos.
Pero para lograr cumplir con estos estándares productivos y acceder a estos “paquetes tecnológicos” ‒que incluyen transgénicos‒, los productores deben tener capital o capacidad de acceder a este a través de créditos. Es por eso que, de entrada, los pequeños propietarios quedan marginados del proceso, y por lo general arriendan sus tierras bajo la modalidad de “al partido” a los productores con más recursos, que a su vez dependen de las grandes empresas.
En esta modalidad de arrendamiento, los pequeños propietarios suelen recibir solo entre el 18% y 25% del total de la producción, lo que en términos absolutos dependerá de si la cosecha fue buena o no.
Pero la pieza clave en este modelo son los agricultores capitalizados, que arriendan tierras pero que también son dueños de buena parte de estas. Estos son los que realizan la “agricultura por contrato”. Es decir, contratos con las empresas que controlan la cadena de valor de la agroindustria, lo que les demanda grandes cantidades de capital.
Entonces, esta relación de dependencia genera que “mientras que los agricultores capitalizados se apropian de gran parte del superávit de los pequeños propietarios no capitalizados, los agronegocios se apropian del excedente de los productores a través de la agricultura por contrato”, señala la investigación referida.
Sin embargo, si bien su actividad puede ser muy rentable, la mayor parte del riesgo la asumen ellos “al endeudarse para invertir en insumos agrícolas para la puesta de la tierra en producción, y están sujetos a la volatilidad de los precios y rendimientos y los desastres naturales”.
Es así que el modelo agroindustrial es un modelo general de endeudamiento de productores agrícolas. Los cuales, desde el momento en que deben limpiar y preparar la tierra, van financiando muchas de sus actividades con créditos. También suele suceder que sean las grandes empresas las que otorgan los insumos de los “paquetes tecnológicos” a los agricultores, y lo hacen en calidad de deuda.
Son estos motivos, junto a los malos años de cosecha en pasados, los que generan un gran endeudamiento de este sector, tanto con la banca como con las grandes empresas del agronegocio.
Según la propuesta que CONFEAGRO presentó a la presidenta Jeanine Añez en abril de este año, este sector señaló que en total tiene una deuda que 3.500 millones de dólares. $US 2.500 millones con el sistema financiero y $US 1.000 millones con “casas comerciales, agroindustrias y otros financiadores”. A su vez, solicitaron un rescate de 1.500 millones de dólares para amortiguar estas deudas.
En otras palabras, la reciente decisión del gobierno de otorgar $US 600 millones es una respuesta parcial a esta demanda. Serán recursos que inmediatamente se transferirán al sector financiero y a las grandes empresas agroindustriales, lo que a su vez permitirá a estas últimas incrementar su rentabilidad.
En esta modalidad de arrendamiento, los pequeños propietarios suelen recibir solo entre el 18% y 25% del total de la producción, lo que en términos absolutos dependerá de si la cosecha fue buena o no.
Pero la pieza clave en este modelo son los agricultores capitalizados, que arriendan tierras pero que también son dueños de buena parte de estas. Estos son los que realizan la “agricultura por contrato”. Es decir, contratos con las empresas que controlan la cadena de valor de la agroindustria, lo que les demanda grandes cantidades de capital.
Entonces, esta relación de dependencia genera que “mientras que los agricultores capitalizados se apropian de gran parte del superávit de los pequeños propietarios no capitalizados, los agronegocios se apropian del excedente de los productores a través de la agricultura por contrato”, señala la investigación referida.
Sin embargo, si bien su actividad puede ser muy rentable, la mayor parte del riesgo la asumen ellos “al endeudarse para invertir en insumos agrícolas para la puesta de la tierra en producción, y están sujetos a la volatilidad de los precios y rendimientos y los desastres naturales”.
Es así que el modelo agroindustrial es un modelo general de endeudamiento de productores agrícolas. Los cuales, desde el momento en que deben limpiar y preparar la tierra, van financiando muchas de sus actividades con créditos. También suele suceder que sean las grandes empresas las que otorgan los insumos de los “paquetes tecnológicos” a los agricultores, y lo hacen en calidad de deuda.
Son estos motivos, junto a los malos años de cosecha en pasados, los que generan un gran endeudamiento de este sector, tanto con la banca como con las grandes empresas del agronegocio.
Según la propuesta que CONFEAGRO presentó a la presidenta Jeanine Añez en abril de este año, este sector señaló que en total tiene una deuda que 3.500 millones de dólares. $US 2.500 millones con el sistema financiero y $US 1.000 millones con “casas comerciales, agroindustrias y otros financiadores”. A su vez, solicitaron un rescate de 1.500 millones de dólares para amortiguar estas deudas.
En otras palabras, la reciente decisión del gobierno de otorgar $US 600 millones es una respuesta parcial a esta demanda. Serán recursos que inmediatamente se transferirán al sector financiero y a las grandes empresas agroindustriales, lo que a su vez permitirá a estas últimas incrementar su rentabilidad.
Las empresas que controlan el agronegocio
En otro trabajo de Ben McKay junto a Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra, se evidenció la composición oligopólica y transnacional de estas grande empresas agroindustriales ligadas a la producción de la soya.
Fuente: Bolivia´s soy complex: Ben McKay y Gonzalo Colque
Son seis compañías las que controlan el 95% de la exportación de esta oleaginosa. De estas, solo dos son empresas nacionales ‒una con inversores extranjeros y otra que pertenece a la familia Marinkovic‒ y el resto son propiedad de transnacionales.
Gravetal Bolivia S.A. es propiedad de Capital Inversoja S.A., una transnacional con sede en Venezuela. Produce crudo y harina de soya, y el 100% se destina a la exportación. Controla el 31% de las exportaciones bolivianas de soya y derivados.
Industrias de Aceites S.A. (Fino). El 74% de esta empresa pertenece a Urigeler International S.A., de capitales peruanos. Produce aceite de cocina, mantequilla, margarina, jabón y cosméticos para el mercado interno, pero la mayor parte es exportada. Controla el 22% de las exportaciones de soya y derivados.
ADM SAO S.A. Es una multinacional con sede en EE.UU. y una de las empresas agroindustriales más grandes del mundo. Vende y exporta aceites vegetales y harinas proteínicas y semillas de girasol. Controla el 13 % de las exportaciones de soya y derivados.
Cargill Bolivia S.A. Es también una multinacional con sede en EE.UU. Es una empresa que condensa muchos componentes de este sector: vende alimentos industriales, exporta productos agrícolas y ofrece servicios financieros. Cargill controla el 11% de las exportaciones de soya y derivados.
Industrias Oleaginosas S.A. Esta es una de las empresas bolivianas, propiedad de la familia Marinkovic. Se dedica a la compra de granos, almacenamiento, procesamiento y mercadeo. Controla el 9% de las exportaciones de soya y derivados.
GRANOS. Es una empresa establecida en Bolivia, aunque tiene inversores internacionales con capital desconocido. Exporta principalmente a Perú y controla el 9% de las exportaciones de soya y derivados.
Un sector que aporta poco al país
La agroindustria, además de ser un sector intensivo en capital que no es fuente importante de empleo, tampoco es un sector que aporta demasiado a los ingresos fiscales del país. “El sector agrícola en su conjunto solo contribuyó con el 0,9 por ciento de los ingresos fiscales en 2013, lo que significa que ni siquiera el Estado se apropia de una proporción del valor que se genera dentro de la cadena de valor agroindustrial”, señala McKay.
La extranjerización de la propiedad de la tierra
Como se señaló, la dinámica de la agroindustria no tiene como requisito fundamental la concentración de la tierra en pocas manos. En esta cadena de dependencia, los pequeños propietarios quedan subordinados a las grandes empresas.
Sin embargo, el tema de la concentración de la tierra continúa siendo un problema en tierras bajas. Como señala el investigador de CEDLA, Enrique Ormachea, en la región de los llanos el 15,7% de las Unidades Productivas Agropecuarias concentran el 89,3% de la tenencia de la tierra. Mientras que el 47% de las Unidades Productivas Agropecuarias solo tienen acceso al 1,4% de la tenencia de la tierra.
Pero la concentración de la propiedad, a raíz del crecimiento de la agroindustria, se ha visto acompañada de un proceso de extranjerización de la propiedad.
Miguel Urioste, en el libro “Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia”, analiza este tema. Si bien este documento es de 2011, y sus datos sobre extranjerización corresponden al periodo 2006-2007, no existen datos más actuales porque ANAPO ha dejado de publicar información sobre la nacionalidad de los productores. Sin embargo, muchos investigadores consideran que esta situación habría empeorado en los últimos años.
Según Urioste, para el periodo 2006-2007, el 40,3% de la soya que fue producida en el país se cultivó en tierras que eran propiedad de personas de nacionalidad brasileña, cifra que prácticamente se duplicó desde el periodo 1994-1995. Por otro lado, en las tierras en manos de menonitas, japoneses y otras nacionalidades se habría cultivado un 30% de la soya, mientras que las que están en manos de bolivianos se habría producido el restante 30%.
Sin embargo, el tema de la concentración de la tierra continúa siendo un problema en tierras bajas. Como señala el investigador de CEDLA, Enrique Ormachea, en la región de los llanos el 15,7% de las Unidades Productivas Agropecuarias concentran el 89,3% de la tenencia de la tierra. Mientras que el 47% de las Unidades Productivas Agropecuarias solo tienen acceso al 1,4% de la tenencia de la tierra.
Pero la concentración de la propiedad, a raíz del crecimiento de la agroindustria, se ha visto acompañada de un proceso de extranjerización de la propiedad.
Miguel Urioste, en el libro “Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia”, analiza este tema. Si bien este documento es de 2011, y sus datos sobre extranjerización corresponden al periodo 2006-2007, no existen datos más actuales porque ANAPO ha dejado de publicar información sobre la nacionalidad de los productores. Sin embargo, muchos investigadores consideran que esta situación habría empeorado en los últimos años.
Según Urioste, para el periodo 2006-2007, el 40,3% de la soya que fue producida en el país se cultivó en tierras que eran propiedad de personas de nacionalidad brasileña, cifra que prácticamente se duplicó desde el periodo 1994-1995. Por otro lado, en las tierras en manos de menonitas, japoneses y otras nacionalidades se habría cultivado un 30% de la soya, mientras que las que están en manos de bolivianos se habría producido el restante 30%.
La agroindustria ya recibió $US 150 millones en 2016
La medida aprobada por el gobierno de Añez da continuidad a la política del gobierno de Evo Morales, el cual, en 2016, utilizó 150 millones de dólares, provenientes del fondo de jubilación de los trabajadores, para financiar créditos para el sector agroindustrial.
(Nota publicada en el periódico "EL PAIS" de Tarija).
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ESTAS MEDIDAS SON DE TERROR! Este gobierno improvisado, incapaz, rapaz y corrupto, en estos 8 meses ha hipotecado y está rifando nuestro país, potenciando más a la oligarquía.Impresionante como sólo es servil a intereses neoliberales! FUERA!!!! DEBE IRSE YA! VAMOS A ELECCIONES!!!!
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