En este artículo publicado por estudiosos latinoamericanos de distintas especialidades, vemos cómo las grandes transnacionales del agro manipulan a los gobiernos para imponer sus políticas y leyes, con que permiten la comercialización de sus productos transgénicos en áreas rurales.
Además exponen las diversas formas y estrategias de RESISTENCIA por parte de pueblos provenientes de distintas partes de Brasil, Honduras y Guatemala, que hoy por hoy siguen luchando por un manejo agroecológico de las tierras.
Además exponen las diversas formas y estrategias de RESISTENCIA por parte de pueblos provenientes de distintas partes de Brasil, Honduras y Guatemala, que hoy por hoy siguen luchando por un manejo agroecológico de las tierras.
LA LUCHA POR LAS
SEMILLAS LIBRES DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS: EXPERIENCIAS DE BRASIL, ECUADOR,
COLOMBIA, HONDURAS Y GUATEMALA
Laura Gutiérrez Escobar y Germán Vélez
Desde épocas ancestrales, las
poblaciones humanas y, en especial, las mujeres, dieron origen y dinamismo a la
agricultura domesticando, mejorando y adaptando una gran diversidad de cultivos
y animales a sus diferentes condiciones ambientales y tecnológicas, y a sus
requerimientos culturales y socioeconómicos.
Las civilizaciones y los pueblos de
América Latina desarrollaron innumerables variedades nativas de maíz, frijol,
papa, yuca, tomate, frutales y otros cultivos que, aún hoy, sustentan la alimentación
global y son conservados y utilizados por las comunidades indígenas, afro descendientes
y campesinas para su propia alimentación y la preservación de sus culturas.
Como en el resto del sur global, las
semillas constituyen un don o bien sagrado, razón por la cual son consideradas patrimonio colectivo de los pueblos. En ese sentido, han circulado
libremente entre la población rural latinoamericana garantizando su soberanía y
autonomía alimentaria frente a las diversas crisis globales. Para ello, la
población rural latinoamericana ha ejercido derechos colectivos de uso, manejo,
intercambio y control local de sus semillas, y considera que estos derechos
tienen carácter inalienable
e imprescriptible.
La amplia variedad de semillas criollas, especialmente hoy en día, es necesaria
para enfrentar los cambios climáticos y el fracaso de la agricultura agroindustrial,
que pretende, con ánimo de lucro, la homogeneización e imposición de un número
limitado de simientes.
No obstante, con el avance desde la
década de los noventa del régimen y sistema agro alimentario neoliberal, los
alimentos han dejado de ser un derecho fundamental para la vida y se han
convertido en una mercancía monopolizada por empresas transnacionales. Por
ejemplo, hacia el año 2008, diez empresas concentraban el 67% del mercado de
semillas en Ecuador, de las cuales Monsanto, DuPont y Syngenta controlaban el
47% del mismo bajo el paraguas de CropLife Ecuador, en convenio con Agro calidad.
La monopolización del sistema agroalimentario por empresas transnacionales y
gobiernos nacionales conlleva afectaciones profundas sobre los pueblos. A pesar
de ser responsables de gran parte de la producción de alimentos y, por tanto,
ser actores claves para garantizar nuestra soberanía alimentaria, las y los
pequeños productores rurales cuentan con unas condiciones de producción y de
vida injustas y precarias.
En Brasil, por ejemplo, pese a que la
agricultura de base campesina y tradicional ocupa menos del 20% del territorio
nacional, es responsable de la producción del 70% delos alimentos consumidos en
el país.
L
A pesar de los fuertes
cuestionamientos por los impactos ambientales, socioeconómicos y sobre la salud
humana y animal, en las últimas décadas las semillas transgénicas se han expandido
de manera diversa en nuestro continente. Encontramos países como Ecuador que
prohíben los transgénicos; otros donde están confinados para investigación pero
prohibidos para siembra comercial, como Guatemala; países que tienen un área
sembrada para la comercialización reducida –a escala global, lo cual no
disminuye su amenaza–, como Colombia y Honduras; y países como Brasil–y en
general el Cono Sur–, que en 2014 fue el segundo mayor productor de cultivos transgénicos
del mundo después de Estados Unidos.
En el caso ecuatoriano,
desafortunadamente, las prohibiciones legales a los transgénicos no han
impedido su expansión. En efecto, el Proyecto Nacional de Semillas de Alto
Rendimiento busca incrementar la productividad en los cultivos de 90.000
pequeños y medianos productores mediante paquetes tecnológicos que incluirán
semillas transgénicas de soya y canola.
En Colombia, la expansión –inicialmente
pronunciada– de los cultivos transgénicos ha sufrido fuertes reveses porque no
han resultado económicamente viables para los agricultores y agricultoras que
los han sembrado. Esto ocurrió con el algodón genéticamente modificado (GM),
aprobado en 2002 por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), cuya área de
siembra disminuyó en un 40% en los últimos tres años. Para el caso del maíz GM,
aprobado en 2008, se han generado impactos negativos de tipo ambiental,
socioeconómico y sobre la biodiversidad que han llevado al fracaso a muchos
agricultores y agricultoras. Cabe recordar que el desarrollo de la
biotecnología en semillas por compañías como Monsanto, DuPont, Syngenta y Bayer
ha implicado para las comunidades el despojo
de estos bienes comunes. Profundizando la tendencia establecida desde la Revolución
Verde, el desarrollo de semillas transgénicas incluye su modificación para que
pierdan sus características reproductivas, la generación de dependencia de los
cultivos respecto de agro tóxicos como el glifosato, y la solicitud y
constitución de patentes “biológicas” sobre las semillas transformadas.
Por tanto, las y los agricultores se vuelven
dependientes no solamente del mercado, al que deben acudir después de cada
cosecha para renovar sus reservas de semillas, sino también de los paquetes
tecnológicos a los que vienen amarradas las semillas transgénicas y que son producidos
por las mismas compañías de biotecnología.
De otra parte, las normas de bioseguridad
sobre organismos genéticamente modificados (OGM) adoptadas por los países de la
región son inadecuadas porque se reducen a afinar los formalismos legales para
la aprobación y comercialización de OGM, en vez de evaluar de manera integral
los riesgos socioeconómicos, culturales y ambientales, incluidas la
contaminación genética de las variedades criollas y las afectaciones a la salud
humana y animal. Asimismo, privilegian la equivalencia substancial sobre el
principio de precaución y se basan en un inexistente consenso científico sobre
la inocuidad de los transgénicos.
Por ejemplo, en Brasil fue aprobada la
Ley de Bioseguridad (Ley 11.105/2005) a pesar de que fueron presentados más de750
estudios sobre los riesgos y las incertidumbres de las tecnologías transgénicas.Igualmente,
las políticas rurales adversas y los tratados de libre comercio(TLC) de las dos
últimas décadas han llevado a la reducción de la producción agrícola nacional y
a la importación masiva de alimentos, especialmente de maíz y de soya
transgénica, sin ningún control de los impactos que pueden generar en la salud humana
y animal, en las variedades criollas y en los ecosistemas.
EL SISTEMA DE LA UPOV Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Las transnacionales han logrado la
privatización y el control monopólico del sistema de semillas mediante la
aplicación de patentes y derechos de obtentores vegetales, otorgados por el
Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (por el que se creó la Unión
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales o UPOV) y las
normas que controlan la producción y comercialización de semillas.
Estas leyes buscan que las variedades nativas
y criollas no puedan circular libremente, reduciendo drásticamente la
diversidad genética y la circulación tradicional de las semillas, lo cual tiene
grandes impactos también sobre la diversidad alimentaria y la realización del
derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas.
Aún más grave, estas normas parten de la mercantilización de
la vida y, por tanto, son ajenas a los sistemas jurídicos maya q’eqchi’ en Guatemala y a
otros sistemas ancestrales de los pueblos indígenas latinoamericanos.
Actualmente, existe una gran presión desde los
países industrializados para que los países del Sur se adhieran al Convenio
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1991, el cual
es más restrictivo que la versión de 1978, al no reconocer el derecho del agricultor a resembrar de su propia cosecha y al criminalizar, mediante
multas, destrucción de semillas y cárcel, a aquellos y aquellas que violen los
derechos de propiedad intelectual de las empresas. Como aún son pocos los
que se han adherido, se ha obligado a algunos países a aprobar este convenio a
través de los tratados de “libre” comercio y a implementarlo en sus
legislaciones nacionales a través de las llamadas “leyes Monsanto”, lo cual ha
generado amplias resistencias, especialmente en las organizaciones del campo. En
Colombia, la movilización popular agraria en los paros de 2012 y 2013 exigió la
derogación de estas nuevas normativas.
Igualmente, en 2012 la Corte Constitucional
declaró la Ley 1.518 inexequible por falta de consulta de previa con los
pueblos étnicos señalando, además, que este convenio los afecta directamente en
lo relacionado con el conocimiento tradicional, la soberanía alimentaria, la
autonomía y la cultura. No obstante, este fallo ha sido desatendido por el
Estado colombiano, que sigue expidiendo legislación como la Resolución 3.168
del Instituto Colombiano Agropecuario, que criminaliza la conservación y la
comercialización de semillas sin el permiso del obtentor.
En el caso de Guatemala, gracias a la
presión popular se logró la derogación en 2014 de la Ley para la Protección de
Obtenciones Vegetales, lo que no significa que se haya frenado la introducción
de transgénicos.
En países como Brasil y Ecuador, que no
han firmado TLC, los Gobiernos han tenido hasta ahora menor capacidad política
y legal, así como mayor resistencia popular, a adoptar las disposiciones del
Convenio de la UPOV de 199119. No obstante, en Brasil hay iniciativas legales
importantes para revertir estos avances, como el proyecto de ley 827/2015, que
amplía las restricciones al libre uso de las semillas por los y las agricultoras
y, por tanto, reduce las excepciones a su aplicación para las y los campesinos
y pueblos y comunidades tradicionales, en consonancia con el Convenio de la UPOV
de 1991.
De otra parte, es importante señalar
que el Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas establece
disposiciones encaminadas a la conservación y a la distribución de los beneficios
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y la transferencia
de tecnología. Sin embargo, las negociaciones a desarrollar entre los Estados o
entre el Estado y las transnacionales interesadas en el acceso a los recursos bioculturales
de los pueblos indígenas se definen en el marco de la economía capitalista
estableciendo tasas de acceso por muestra recolectada y tasas de licencia de
comercialización, así como pagos de regalías y propiedad conjunta de los
derechos de propiedad intelectual. Estos contratos y pagos son injustos en la
mayoría de las veces; no garantizan una adecuada protección de los sistemas de
interrelación colectiva de los pueblos indígenas con la naturaleza; se basan en
la exclusión directa de los pueblos indígenas y, en especial, de las mujeres;
promueven el uso de organismos genéticamente modificados; equiparan los
proyectos extractivistas a alternativas de sostenibilidad; y generan nuevas
estrategias de saqueo de las especies nativas de la región.
hola
PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL Y AYUDA ALIMENTARIA
Otra grave amenaza para la soberanía
alimentaria y, específicamente, para los derechos de campesinos y campesinas,
afros e indígenas al manejo tradicional de sus semillas, es la promoción
estatal y privada del uso de semillas “mejoradas”, incluidos los transgénicos,
como parte de los paquetes tecnológicos de desarrollo rural y de seguridad
alimentaria. Estos programas contribuyen a la contaminación genética de las
semillas criollas y no reconocen que la ayuda alimentaria debe destinarse
solamente a casos de real emergencia, en vez de convertirse en políticas
dirigidas a socavar la soberanía alimentaria de países y comunidades mediante
la importación de superávits alimentarios sin costo o a bajos precios (dumping), que destruyen las economías
agrarias locales y regionales.
Al respecto, las organizaciones
sociales en América Latina demandan que los programas de ayuda alimentaria no
contengan transgénicos, ya que lo que se necesita es proveer una alimentación
culturalmente adecuada respetando el derecho a conocer qué tipo de alimentos se
están consumiendo.
En Honduras, con las reformas
neoliberales de finales de los años 80 y de la década de los 90, desaparecieron
los programas de mejoramiento de semillas y se dejó esta actividad estratégica
a la iniciativa privada nacional e internacional.
Actualmente, el proyecto gubernamental
Sembremos país con más maíz visión 20-2020,apoyado por Monsanto, Syngenta,
Bayer y Denace, tiene como meta cultivar 100.000 hectáreas de maíz transgénico
para “resolver” el déficit crónico de producción de unos 12 millones de
quintales anuales.
En Guatemala también se ha documentado
el uso de transgénicos en programas de ayuda alimentaria. En el municipio de San Mateo
Ixtatán, perteneciente al departamento de Huehuetenango, donde el índice oficial
de desnutrición es del 72%, el estado guatemalteco, a través de la empresa
privada Alimentos S.A., distribuyó en2002 el producto Vita cereal como parte de
la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica. A raíz de
las denuncias de la comunidad, el Consejo de Desarrollo llevó a cabo análisis
que dieron como resultado cinco variedades de maíz y tres de soya, todas
transgénicas22.En Colombia, de acuerdo con un estudio realizado en 2002 por la
organización Consumidores Colombianos (COCO), alimentos basados en soya
transgénica de EE.UU., en particular el suplemento alimenticio Bienestarina,
fueron distribuidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El
Gobierno colombiano adquirió o recibió dicha soya transgénica en el marco de la
ayuda alimentaria.
ESTRATEGIAS DE RESISTENCIA
Ante estos desafíos, la sociedad civil
y los movimientos sociales se han venido movilizando para proteger las
semillas, patrimonio colectivo de los pueblos.
Los ejemplos que figuran a continuación de
Brasil, Ecuador, Colombia, Honduras y Guatemala ilustran algunas de las
estrategias adoptadas, así como logros y desafíos.
ESTUDIO DE CASO 1
Lucha y resistencia por el libre uso de la biodiversidad agrícola
y la soberanía alimentaria en Brasil
Fernanda Testa Monteiro, André
Dallagnol y Carlos Alberto Dayrell
En Brasil, el redireccionamiento de
las luchas populares para la construcción, adaptación y mejora de las políticas
públicas hizo posible alcanzar conquistas tales como la creación del Programa
de Adquisición de Alimentos (PAA), responsable de asegurar precios mínimos para
la comercialización de alimentos a través de compras institucionales; la mejora
del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF)
con garantía de crédito para los campesinos y las campesinas; el Programa
Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), que garantiza, mediante la transferencia
de recursos financieros, la alimentación escolar de los alumnos de educación
básica; el Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica (PLANAPO) impulsado
como respuesta a las demandas de la Marcha de las Margaritas del año 2011; y la
aplicación de la modalidad PAA-Semillas, que asegura la adquisición y distribución
de semillas locales o criollas entre las organizaciones campesinas como una
política pública nacional. Los beneficios de estos avances son innegables en la
medida en que fueron y son responsables
de la exclusión de Brasil del Mapa del Hambre en el año 2014, gracias el
incremento de la seguridad y soberanía alimentaria a medida que se fueron
fortaleciendo las comunidades rurales, responsables de la custodia de la gran
biodiversidad agrícola del país. Los avances como el PAA-Semillas sólo fueron
posibles a través de arduas batallas de la sociedad civil, organizada para
construir las excepciones legales.
Éstas incluyen el artículo 48 de la
Ley 10.711/2003, que prohíbe toda restricción a la inclusión de semillas
locales en los programas enfocados en la agricultura familiar, y el apartado 3 del artículo 8 de la
misma ley, que exime a los agricultores familiares, los beneficiarios de la
reforma agraria y las poblaciones indígenas de la obligación de inscripción en
el Registro Nacional de Semillas y Plantas, además de conferirles la libertad
de tener semillas para la donación y el uso propio.
En Brasil, las organizaciones y
comunidades desarrollan y difunden iniciativas y prácticas productivas a nivel
local y en convivencia con los ecosistemas regionales y con los procesos de
cambio climático, cada vez más pronunciados. También las reuniones de la gente
del campo, las aguas y los bosques tienen gran importancia para visibilizar la
socio biodiversidad brasilera.
Estas acciones son articuladas a
partir de la participación de diferentes redes y movimientos sociales, como la
Articulación Nacional de Agroecología (ANA)27 y la Articulación del Semiárido
(ASA), con el apoyo de las y los investigadores, científicos, abogados y
organizaciones pastorales, entre otras, para permeabilizar e incidir en los
consejos y comisiones oficiales que diseñan la política pública, como el
Consejo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible(CONDRAF), el Consejo Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA),la Comisión Nacional de
Desarrollo Sostenible de Pueblos y Comunidades Tradicionales(CNPCT) o la
Comisión Nacional de Agroecología y Producción Orgánica (CNAPO).
Este contexto de movilización política
y defensa de los derechos en Brasil vive hoy un momento crítico. Las fuerzas
reaccionarias de la sociedad cuentan con una estructura política dirigida por
los intereses de las grandes empresas y el capital internacional, que hoy financian,
corrompen e interfieren en sectores significativos de los poderes legislativo,
ejecutivo y judicial y –a través de los medios de comunicación– afectan sus
perspectivas ideológicas con el fin de deslegitimar las conquistas ganadas
desde la Constitución de 1988 y las políticas populares implementadas a partir
del gobierno de Luis Inácio Lula da Silva.
En contra de cualquier reforma
política y de la regulación de los medios de comunicación, se centran ahora en
legislar, cercar y obstruir los derechos y acceso de los pueblos a sus semillas
y conocimientos tradicionales asociados con este rico patrimonio genético. Pero
la sociedad civil brasileña está activa y sigue luchando.
ESTUDIO DE CASO 2
Ecuador: la conservación de las semillas nativas y la agro
biodiversidad como base para la soberanía alimentaria
Mario Macías Yela, Germán Jácome López
y Nataly Torres Guzmán
Los procesos de resistencia y
movilización social de pequeños y medianos productores, movimientos campesinos
e indígenas y organizaciones de la sociedad civil han sido importantes para
posicionar en la agenda nacional la necesidad urgente de preservar y recuperar
la agro biodiversidad y los saberes ancestrales, incluidos los postulados constitucionales,
conservar los ecosistemas y la integridad del patrimonio genético del país y
fomentar la agroecología y el libre intercambio de semillas.
Bajo estos elementos, importantes
iniciativas como la Red de Guardianes de Semillas, la Red de Semillas del
Austro, la Mesa Nacional de Agro biodiversidad, la Feria de Semillas de
Cotacachi, la Feria de Semillas de Loja, la Feria Anual de Semillas y el
Colectivo Nacional Agroecológico, e incluso políticas locales como la Ordenanza
“Pichincha Soberana y Agroecológica” del Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia de Pichincha han demostrado que es indispensable y factible promover un
sistema agroalimentario sostenible, centrado en la soberanía alimentaria, la ancestralidad,
la diversidad, el diálogo de saberes, la interculturalidad y el intercambio permanente
de recursos genéticos y los conocimientos asociados a estos.
En este contexto, Ecuador fue pionera
en crear una propuesta de Ley de Agro biodiversidad, Semillas y Fomento
Agroecológico32, elaborada en 2012 por la Conferencia Plurinacional e
Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA) luego de un proceso
participativo que involucró a más de 500 organizaciones campesinas y 3.000
ciudadanos. Cuatro años después de su presentación, esta propuesta es retomada
por el pleno de la Asamblea Nacional para ser analizada, debatida y
eventualmente aprobada. Los aspectos más importantes de esta ley son:
a) promover la preservación y
recuperación de la agro biodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a
ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de semillas (Art.281,
inciso 6);
b) aunque se reconoce la propiedad
intelectual, se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos,
en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales, y de los
recursos genéticos y la agro biodiversidad (Art. 322);y
c) se declara a Ecuador libre de
cultivos y semillas transgénicas [...] Se prohíbe la aplicación de
biotecnologías riesgosas o experimentales (Art. 401).
Finalmente, este nuevo marco
normativo debería revertir el apoyo que brinda el Estado al sector agroindustrial
mediante la promoción del uso de semillas industriales certificadas y su
paquete tecnológico, que contaminan los suelos, promueven la erosión y afectan
a la productividad y a las economías campesinas.
Claro ejemplo de aquello es la crisis
de sector maicero en la región costera de Ecuador, provocada por la oferta de
semillas certificadas por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca (MAGAP) que han llevado a serios problemas ante a los
recurrentes ataques de plagas y enfermedades.
Frente a esto, diversos grupos de agricultores
y agricultoras instalaron la Asamblea Nacional Maicera mencionando que
el MAGAP debe crear el programa de reconversión del monocultivo del maíz
por sistemas diversificados de producción sostenible y sustentable.
Los marcos normativos deben responder
a la utilización de las semillas nativas, criollas, campesinas, ancestrales,
orgánicas o patrimoniales, dado que son resilientes y adaptables, responden a la
cultura campesina y tienen un alto potencial alimentario y nutricional indispensable
para solucionar problemas de hambre y malnutrición en el país.
ESTUDIO DE CASO 3
La Red de Semillas Libres de Colombia: la lucha por las
semillas, fuente de la vida
Germán Vélez
Como respuesta a la privatización,
control y despojo de las semillas de los agricultores y agricultoras, desde la
sociedad civil se viene consolidando la Red de Semillas Libres de Colombia
(RSL).
Esta red es un espacio abierto y
descentralizado de organizaciones locales y sociales donde convergen
comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, y de pequeñas productoras
y productores rurales y urbanos, así como ONG, grupos académicos y consumidores
y consumidoras, que se articulan en el ámbito local, regional y nacional y con
otros procesos a nivel internacional.
La Red de Semillas pretende fortalecer
y dar visibilidad a los procesos locales de recuperación, manejo y libre
circulación de semillas, difundir información y promover acciones de incidencia
frente a las políticas y leyes que permiten la privatización de las semillas,
la expansión de la agricultura corporativa y los cultivos transgénicos, que
amenazan los sistemas vivos de semillas y la soberanía y autonomía alimentaria
de los pueblos y comunidades en Colombia.
En este sentido, la RSL exige la
derogación de todas las leyes y normas de semillas así como el estricto control
por parte del Gobierno de la calidad y sanidad delas semillas certificadas.
Igualmente, busca promover una Colombia libre de transgénicos y cerrar las
importaciones de alimentos que puedan ser suplidos por producción local.
Asimismo, esta Red apoya y promueve
iniciativas de soberanía alimentaria y control de las semillas por parte de los
pueblos como los Territorios Libres de Transgénicos; las casas comunitarias de
semillas; los trueques de semillas y saberes; los diagnósticos participativos
con comunidades para evaluar el avance de los transgénicos, en especial en
maíz; y la agro biodiversidad de sus territorios, entre otras.
Mediante estas iniciativas, la RSL
busca que el Gobierno, en vez de perseguir y criminalizar a los agricultores y
las agricultoras, asuma su obligación de apoyar programas de fomento agrícola
que permitan fortalecer estrategias locales de producción de semillas criollas
agroecológicas de buena calidad y sanidad, no certificadas ni transgénicas,
acordes con las condiciones ambientales y socioeconómicas de las comunidades, y que estén bajo el control de los
agricultores y agricultoras dentro de sistemas de economía propia.
ESTUDIO DE CASO 4
Honduras: amenazas y estrategias de enfrentamiento en materia
de semillas tradicionales
Claudia Pineda y Octavio Sánchez
En ninguna de las leyes existentes en
Honduras se reconocen los derechos de campesinos y campesinas e indígenas al
manejo tradicional de sus semillas. Por el contrario, como se menciona en el
artículo anterior, el Estado, en alianza con Monsanto, Syngenta, Bayer y
Denace, se orienta a promover las “semillas mejoradas”, incluyéndolos transgénicos.
Los problemas para los maíces criollos
se inician en 1998, cuando se emite el reglamento de bioseguridad con énfasis
en plantas transgénicas, cuyos objetivos eran, entre otros, promover la
utilización de “tecnología moderna”; regular la importación, la investigación y
el comercio de cultivos transgénicos.
En el año 2003, la Secretaría de
Agricultura y Ganadería reconoció que se habían sembrado 500 manzanas con maíz
transgénico: fue la primera vez que el Gobierno admitía que estaba liberando
cultivos de organismos genéticamente modificados (OGM).
Finalmente, en 2012 se aprobó la Ley
para la Protección de Obtenciones Vegetales (denominada “ley Monsanto”),
sin consulta a ninguno de los sectores afectados. Esa ley establece, por
primera vez en la legislación nacional, la prohibición de guardar e
intercambiar las semillas si no se cuenta con la autorización del propietario
del derecho de obtentor y se criminalizan las prácticas ancestrales de manejo
de las semillas.
Se ha iniciado un proceso de defensa
con la participación de actores de la sociedad civil y los movimientos
sociales. Destacan acciones de movilización y sensibilización como primera fase
que ayude a consolidar una base social que deberá reivindicarlos derechos de
campesinos e indígenas a conservar las semillas y demás medios de producción. Se
continúa fortaleciendo el trabajo de las casas de semillas (reservas
comunitarias); el intercambio del material genético disponible en las
comunidades como símbolo de resistencia a la privatización de las semillas; y
el desarrollo de procesos de declaratorias de municipios libres de transgénicos
en territorios del pueblo lenca como una medida de presión política y de
autodeterminación de las comunidades indígenas a manejar su patrimonio
ambiental37.La incursión sistemática de las trasnacionales representa un reto
grande; sin embargo, se consolida un movimiento social dispuesto a defender sus
territorios y proponer un desarrollo inclusivo.
El Movimiento Independiente Lenca de
la Paz de Honduras (MILPAH) reclama el derecho a la autodeterminación de su
pueblo, que incluye el derecho a la conservación de sus semillas y las
prácticas ancestrales vinculadas a su manejo. En 2015 han declarado sus
territorios libres de transgénicos.
ESTUDIO DE CASO 5
Las amenazas a la agro biodiversidad desde la mirada de la
mujer indígena de las tierras bajas del norte de Guatemala
Lourdes Gómez Willis
Guatemala, ubicada en el corazón de
Mesoamérica, cuenta con una amplia diversidad cultural como legado histórico de
la cultura maya.
Durante miles de años, sus pueblos han
desarrollado un sinfín de variedades nativas de maíz y otros cultivos. Las
mujeres han sido el rostro de la resistencia por la defensa de la vida y las semillas
nativas durante generaciones; este sigue siendo el caso hasta el día de hoy.
Actualmente, las comunidades enfrentan
una severa crisis socio ambiental, que ha desencadenado de forma dramática la
posible pérdida irreversible de los sistemas ancestrales de la agro
biodiversidad y los conocimientos tradicionales asociados a ésta, puesto que la
lógica de la economía de mercado transnacional ha garantizado de forma
estratégica acciones jurídicas de despojo. En el marco de la defensa de la
soberanía de los pueblos indígenas de Guatemala, las mujeres q’eqchies de las tierras bajas del norte
resisten y defienden los derechos colectivos de protección de la soberanía alimentaria
y la agro biodiversidad para la salvaguarda del sistema alimentario rural.
Su lucha se traduce en la defensa de sus
derechos vinculados a la tenencia de la tierra frente a las arbitrariedades que
cometen las industrias extractivas en los territorios indígenas.
En este sentido, las mujeres q’eqchis, han cuestionado el fondo de las
pretensiones de los compromisos que asume el Estado guatemalteco. Las luchas de
las diferentes expresiones de mujeres; indígenas, tejedoras, comadronas,
agricultoras, guías espirituales y autoridades ancestrales, en coordinación con
las organizaciones sociales y populares, llevaron a la presentación en junio de
2016 de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto 6-2014, que fue adoptado
en febrero de 2014 para ratificar el Protocolo de Nagoya, instrumento asociado
al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).
Consideran que dicho protocolo atenta
contra la soberanía de los pueblos indígenas, al validar mecanismos de despojo
“legalizado” de las semillas criollas, plantas medicinales, gastronomía, etc.
Las razones que motivaron la acción
radican en la exigencia del derecho de consulta y el respeto por los sistemas
de organización, producción, salvaguarda y defensa delos medios de vida
comunitaria.
Esta acción trascendió en materia
constitucional al lograr el 16 de junio del año en curso que la Corte de
Constitucionalidad de Guatemala suspendiera provisionalmente el Decreto 6-2014.En
esta lógica, las resistencias por la defensa de la vida y el territorio han llevado
a que las acciones y movilizaciones pacíficas a nivel nacional obtengan logros como
la derogación de la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, incorporada
mediante el Decreto 19-2014 y más conocida como ley Monsanto.
Este es un claro ejemplo de unidad en
la diversidad, puesto que hubo una amplia participación de los grupos sociales
y de las mujeres en su diversidad, incluidos movimientos y organizaciones
campesinas, indígenas y ambientalistas, entre otros.
Para las mujeres, esta acción representa
mantener los sistemas ancestrales garantizando la vida y la soberanía
alimentaria. En Guatemala continúa la defensa por el territorio y para ello las
mujeres q’eqchi’es
continuarán sumado
lazos de solidaridad, no como expresión “folklórica” o estadística del país,
sino como el rostro de lucha, resistencia y denuncia del despojo identidad
ancestral y territorial como aj ralCh’ooch’ (Hijas de la Madre Tierra).
CONCLUSIONES
Las poblaciones rurales
latinoamericanas y del mundo entero enfrentan grandes amenazas al libre uso,
gestión, circulación e intercambio de las semillas que sustentan sus
actividades productivas, sus culturas y su propia alimentación.
Estas amenazas tienen que ver con el
papel del poder transnacional y los Estados cómplices que, en el contexto de su
afán por tener un mayor control sobre el sistema agro alimentario mundial, ven
en el dominio sobre las semillas una fuente de incalculable lucro.
Las leyes de semillas, implementadas
en varios países sobre la base de los intereses corporativos recogidos en el
Convenio Internacional para la Protección delas Obtenciones Vegetales y los
tratados de libre comercio, son una de las principales estrategias que buscan que
las poblaciones rurales pierdan la gobernanza sobre sus simientes y, de paso,
sobre sus formas de vida.
Esas estrategias se acompañan, además,
de la criminalización de los procesos y liderazgos que desde el campo se oponen
a esa pérdida de diversidad.
Si bien las amenazas son muy grandes,
también lo son las resistencias continentales. Estas no solo buscan defender el
libre uso y gestión de las semillas, sino también articular esa lucha con la
necesidad estratégica de defender y promover las soberanías y autonomías
alimentarias.
Por el momento, dichas estrategias se
enfocan a la conservación, recuperación, intercambio y desarrollo de semillas
nativas y criollas –y los conocimientos asociados– mediante redes de guardianes
de semillas y casas comunitarias de semillas entre otras, la capacitación
interna sobre el complejo mundo de las semillas (conocimientos básicos sobre la
biotecnología y sus riesgos, los marcos legales y los acuerdos comerciales
internacionales, por ejemplo), la movilización social, la socialización de
denuncias, y la formulación de recursos legales opuestos a los transgénicos y a
las normas que atentan contra el libre uso, gestión y circulación de semillas.
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